La Fiscalía y la Dijín harán hoy
lunes un acto de contrición frente a la familia del ya fallecido Alberto Jubiz
Hazbún, por la detención injusta de la que fue víctima por casi cuatro años
señalado de participar en el crimen de Luis Carlos
Galán.
El vice fiscal general, Jorge Perdomo, en funciones como
Fiscal encargado, y el general Jorge Rodríguez Peralta, director de la Dijín,
además pedirán perdón a las familias de Héctor Manuel Cepeda y Norberto
Hernández Romero, quienes también fueron encarcelados sin razón alguna, de
acuerdo con los fallos de la justicia.
La ceremonia
hace parte de la orden que en febrero pasado dio el Consejo de Estado,
que halló culpable al Estado por la privación injusta de la libertad de los
tres.
En el fallo, el alto tribunal señaló que el reconocido
empresario barranquillero Jubiz Hazbún fue capturado el 22 de agosto de 1989 en
Bogotá señalado de ser uno de los asesinos, de quien fuera el jefe del Nuevo
Liberalismo y candidato a la Presidencia.
Su captura, a manos de la Dijín y del DAS, se dio pese a
que existían testimonios como el del ex-ministro Carlos Enrique Obando, quien
daba fe de que los dos estuvieron reunidos ese día.
En los
expedientes por el caso hay versiones que señalan que la captura de Hazbún,
Héctor Manuel Cepeda y Norberto Hernández se dio presuntamente para desviar la
investigación del magnicidio y
proteger a los verdaderos responsables.
De hecho, la Fiscalía reconoció el error al cerrar la
investigación a Hazbún, quien fue puesto en libertad el 5 de mayo de 1993.
“El amplísimo despliegue público y mediático que las
propias autoridades del Estado promovieron e impulsaron para presentar ante el
país y ante el mundo a los ahora demandantes como responsables del magnicidio
que les fue infundadamente atribuido, para con ello transmitir, a costa de
personas inocentes, una falsa imagen de eficiencia y eficacia en la lucha
contra el delito”, indicó en su momento el Consejo de Estado.
En ese fallo, el alto tribunal ordenó además pagar a la
familia de Hazbún una indemnización de 3.000 millones de pesos.La mitad de ese monto la debía asumir el general Miguel
Maza Márquez –quien en ese entonces era el director del DAS y hoy es
investigado por el crimen– y el general Óscar Peláez Carmona, quien era el
director de la Dijín para la época. Él también está siendo investigado, e
incluso en junio pasado fue citado a la Fiscalía para dar explicaciones.
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