Por
los actos de corrupción transnacional cometida en Colombia y reconocida por el
grupo empresarial Odebrecht, la Vicepresidencia de la República y la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado solicitaron a la Superintendencia de
Sociedades imponer a las compañías que integran ese grupo la inhabilidad para
contratar por 20 años con el Estado colombiano.
La sociedad Odebrecht S.A. ha causado al
país perjuicios patrimoniales y extra patrimoniales, más el daño ético y moral,
corrompiendo diferentes niveles de la administración pública. Colombia cuenta
con diferentes instrumentos jurídicos como la Ley 1778 de 2016 de soborno
transnacional, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, la
Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional y
la Convención Anticohecho de la Ocde, por lo cual la Vicepresidencia y la Andje
solicitan a la Superintendencia a que adelante todas las actuaciones
pertinentes para sancionar a las empresas que conforman el grupo empresarial
Odebrecht.
La sociedad colombiana Constructora Norberto
Odebrecht S.A. ha propuesto a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado y a otras entidades la celebración de un “Acuerdo de Reparación
Integral”, mediante el cual la compañía responsable de graves actos de soborno
y corrupción, ofrece una compensación económica por los perjuicios generados
por los delitos cometidos contra la moralidad pública, a cambio de que el
Estado retire todos los procesos legales y administrativos en su contra y le
permita volver a contratar con el Estado.
La Vicepresidencia de la República y la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, así como otras entidades, han
rechazado esta solicitud pues resulta legal y moralmente inaceptable.
El Gobierno Nacional cree que “no puede ni
debe el Estado colombiano subsanar las graves faltas penales y éticas de un
contratista con la simple compensación monetaria. Aceptar un acuerdo de
compensación económica a cambio de subsanar el daño moral y material causado a
la Nación con los actos de corrupción resultaría ser un incentivo perverso para
que se continúen cometiendo este tipo de actos”.
De acuerdo con la Vicepresidencia “permitir
que una empresa que organizó con pleno conocimiento corporativo graves actos de
soborno y corrupción transnacional vuelva a participar en licitaciones o
concursos públicos en Colombia, resultaría ser un acto contra las empresas
honestas y cumplidoras de la ley y un pésimo mensaje para los colombianos
honrados”. Fuente: Valora – Analitik –
Hay más.-
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