El anuncio del Gobierno
Nacional en el sentido de que piensa derogar la Ley de Garantías emocionó a
muchos gobernadores y alcaldes, pero puso en alerta a sectores de oposición que
consideran que los puede perjudicar.
Este anuncio lo hizo el pasado viernes el presidente Juan
Manuel Santos, en la cumbre de alcaldes en Cartagena. Precisamente,
burgomaestres y gobernadores le han planteado al mandatario que ellos terminan
su mandato este año y necesitan entregar una serie de obras y proyectos que son
claves para el éxito de su gestión.
El asunto es que la Ley de Garantías prohíbe la suscripción de contratos, incluidos los de personal, en la antesala de
una jornada electoral. Esta norma debe aplicarse cuatro meses
antes de las elecciones, es decir que para este año comenzaría a regir desde el
25 de junio. (Lea: Procurador se opone a derogación de Ley de Garantías)
Por esta razón, el propio Santos, al anunciar su decisión,
recordó que esa ley fue establecida tras la aprobación de la reelección, pero
que como ya no habrá, es innecesaria.
A esto se suma que el Gobierno está tramitando en el
Congreso la reforma de equilibrio de poderes, que también elimina la
reelección.
Pero el interés en la Casa de Nariño además se centra en
darles a los alcaldes la posibilidad de que puedan ejecutar cerca de 5 billones
de pesos que están pendientes en proyectos.
El proyecto que deroga la Ley de Garantías debe ser
presentado al Congreso en la semana de Pascua. En el articulado, que será mínimo,
se determinará cuáles inversiones se podrán hacer y cuáles no. La contratación
de personal quedará descartada.
Pero en el terreno político hay sectores que creen que
esto puede generar un desbalance que los puede afectar.
Es así como el uribismo fue el primer partido en salir a
pronunciarse sobre esta posibilidad, pues considera que la derogación de esta
disposición puede afectar sus intereses electorales de octubre, cuando
pretenden conseguir un importante poder local y regional que hoy les es esquivo.
Esto, para ellos, es clave en la búsqueda de la Presidencia de la República en
el 2018.
“Eliminar la
Ley de Garantías es una trampa de los malos perdedores para poder asegurar
victorias fraudulentas”, escribió ayer el propio senador Álvaro
Uribe en su cuenta de Twitter.
“Es una patente de corso para que los mandatarios y el
mismo Gobierno Central se involucren untando de abundante ‘mermelada’ las
campañas políticas de octubre”, dijo el senador uribista Jaime Amín.
“Este es el
plan B de Santos, luego de que le falló el de la reelección de los actuales
alcaldes y gobernadores. Esto permitirá una campaña con recursos públicos”, dijo la representante
Angélica Lozano (Alianza Verde).
Pero
el senador Juan Manuel Galán (liberal) descartó esto y dijo que lo que se busca
es garantizar que se puedan ejecutar unas inversiones locales.
Dijo
que debe haber un nuevo proyecto en que se permitan la ejecución de ciertos
recursos y la restricción para otros. (Lea: 'Hay que derogar
la Ley de Garantías')
El
senador Mauricio Lizcano (‘la U’) recordó que la derogatoria de la Ley de
Garantías fue una petición de los alcaldes. Pero también precisó que es
necesario definir una norma que impida que una administración tenga que
paralizar las obras durante la campaña política.
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