El Consejo de Estado decretó
en primera instancia la pérdida del cargo o investidura, como Senadora elegida,
para el período constitucional 2018 – 2022, de la señora Aida Merlano
Rebolledo, por cuanto se demostró que su campaña para las elecciones del 11 de
marzo del 2018 vulneró, con la aquiescencia de ella, los topes máximos de
financiación electoral.
Según la demanda, el
presupuesto de la accionada para dicha campaña sobrepasó el monto máximo de
gastos permitido para cada candidato, el cual fue establecido por el Consejo
Nacional Electoral en poco más 884 millones de pesos.
Con ponencia del magistrado Carlos
Alberto Zambrano Barrera, la Sala 23 Especial de Decisión del Consejo de Estado
estableció que la demandada gastó más de 1.730 millones de pesos, suma que
supera de lejos el monto máximo permitido, según lo evidencian las pruebas que
obran en el expediente, principalmente las recaudadas por la Fiscalía General
de la Nación durante el allanamiento practicado el 11 de marzo del año que
avanza en la sede de aquella campaña.
La Sala encontró que la señora
Merlano Rebolledo estaba al tanto de todo lo que allí ocurría y, por ende,
tenía conocimiento de los movimientos financieros de su campaña para los
comicios del 11 de marzo de 2018.
Además, según el alto
Tribunal, la renuencia injustificada de la demandada a rendir el informe de
ingresos y gastos de campaña, el incumplimiento del deber de nombrar el gerente
de la misma, la omisión en la apertura de una cuenta bancaria para el manejo de
los recursos y la falta de registro de los asientos contables en el “Módulo de Ingresos y Gastos” evidencian la intención
de ocultar el flujo de gastos y denotan un claro propósito de quebrantar el
ordenamiento legal para, con ello, obtener un provecho con miras a garantizar
su elección al Senado de la República, como en efecto ocurrió. Hay más.-
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