La empresa les notificó a esos grandes consumidores que
deben buscar otros comercializadores que los atiendan a partir de enero.
Electricaribe le informó a 350 clientes no regulados del
sector público y privado, es decir grandes consumidores, que deben buscar a
partir de la medianoche del 31 de diciembre nuevos comercializadores eléctricos
que atiendan sus demandas.
Javier Lastra Fuscaldo, agente especial para la
intervención de la compañía eléctrica, informó a EL HERALDO que entre los no
regulados notificados el pasado miércoles hay desde hospitales, acueductos,
sistemas de alumbrados públicos y otras entidades oficiales hasta “grandes
superficies” del sector privado empresarial y comercial.
Indicó que la decisión es un “coletazo” de la
administración de la compañía antes de la intervención ordenada el 15 de
noviembre por el superservicios, José Miguel Mendoza.
Reveló que antes de la toma de posesión, Electricaribe
dejó vencer contratos con generadores que garantizaban la atención de los
clientes no regulados, por lo que no contarán a partir de enero con la energía
suficiente para satisfacer la demanda de esos usuarios.
“Estamos buscando los recursos para apalancar toda la
operación de la compañía, pero hay que entender que debemos enfocarnos a los
clientes regulados, es decir los residenciales”, dijo.
Manifestó Lastra que Electricaribe estaba en una
“disyuntiva” porque el 30 de noviembre tenía que decidir si mantenía silencio
para que se prorrogaran esos 350 contratos para 2017 o si les avisaba a los
clientes un mes antes, como lo establece la norma, que deben buscar otro
proveedor.
Dijo que para comprar la energía faltante abrieron una
convocatoria de generadores, y una vez la tengan asegurada la ofrecerán a los
clientes no regulados.
“Ojalá esas grandes superficies, cuando tengamos energía
(el 20 de diciembre), se mantengan con nosotros, pero no podíamos llegar a la
irresponsabilidad de no tener energía en enero”, dijo Lastra Fuscaldo.
Manifestó, grosso modo, que la facturación a los 350
clientes no regulados representa unos $15.000 millones anuales. “Son decisiones
drásticas que hay que tomar, que no afectan las finanzas de la empresa ni
tampoco al corazón del negocio que son los residencias, los estratos
subnormales”, expresó el funcionario.
Ante la decisión de Electricaribe, el senador José David
Name manifestó que “si bien es entendible” porque la compañía no tiene
energía para vender, a su juicio esta situación “puede llegar a ser un desastre
social a nivel regional”. “Los municipios con usuarios no regulados no pueden
quedarse sin alumbrado público, no pueden cortarle la luz a un hospital, a un
colegio”, manifestó en un comunicado. Hay más.-
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