Bogotá, 2 de
febrero de 2017.- La Contraloría General de la República se
constituirá hoy como víctima en la investigación penal contra la multinacional
Odebrecht, por tratarse de delitos que afectan los intereses patrimoniales del
estado colombiano.
La intervención se
fundamenta en normas legales y en sentencias de la Corte Constitucional que
autorizan a la Contraloría para hacer estas intervenciones en defensa del
interés público.
Coordinación de competencias con otros órganos –
C.G.R.
• Coordinación de competencias
con otros órganos ‐ Recabar información sobre la manera en la que opera la
coordinación de las actuaciones de policía judicial de los servidores de las
contralorías que realizan funciones de investigación o de indagación, con las
de la Fiscalía General de la Nación, en virtud de lo previsto en el artículo
10, ordinal 2 de la Ley 610 de 2000. Si bien la ley estipula la coordinación de
actuaciones de policía judicial entre los funcionarios de la Contraloría y
Fiscalía que tienen a cargo este rol, hasta el momento no se ha realizado
ninguna debido a que dichos órganos de control no llevan indagaciones
conjuntas. Adicionalmente la diferencia de tiempos en los cuales se desarrollan
las investigaciones en cada una de estas instituciones impiden las actuaciones
simultáneas. Es importante mencionar que los funcionarios de la Contraloría con
funciones de policía judicial que encuentren, en el marco de sus actuaciones,
hallazgos de orden penal la remiten inmediatamente a la Fiscalía General de la
Nación. ‐ Recabar información sobre la manera en la que se intercambia
información con otros órganos de control, en lo relativo a la investigación de
casos de corrupción, y en particular sobre la manera en la que opera lo
previsto en el artículo 28 de la Ley 610 de 2000, relativo a “pruebas
trasladadas.” La CGR ha trasladado un número importante de pruebas a la
Fiscalía General de la Nación. No obstante muchas veces estas han sido aceptas
y otras no. No existe una paridad de criterios a la hora, a la hora de aceptar
estas. Desde el 2011, la Contraloría General de la República, en cumplimiento
de su función constitucional de salvaguardar el patrimonio público del Estado,
ha venido solicitando el reconocimiento de su condición de víctima en casos de
impacto nacional dentro de procesos penales por delitos contra la
administración pública a los diferentes organismos que componen la Rama
Judicial. Hay más. 
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