La magistrada Nelly Yolanda Villamizar, ha pasado por una dura experiencia de más de dos años por enfrentar presuntos actos de corrupción de un colega suyo y del secretario de la corporación.
Por: Cecilia Orozco Tascón / Especial para El Espectador.CO
La semana pasada la vi derramando lágrimas durante una nota periodística ¿Por qué estaba llorando?
Porque cuando denuncié presuntos actos de corrupción ocurridos en el lugar en que trabajo, en vez de que la Fiscalía investigara esos hechos, me empezó a investigar aceleradamente a mí. Y ahora estoy a punto de ser llevada a juicio, acusada ante la
Corte Suprema por los delitos de injuria y calumnia.
Usted denunció presuntos actos de corrupción ¿en dónde?
En el Tribunal Administrativo de Cundinamarca donde me desempeño como magistrada.
Según se ha publicado ya, usted denunció ante todos sus colegas hechos que podrían involucrar al propio presidente de ese tribunal y al secretario general de la misma corporación ¿Cuándo ocurrió eso?
En los primeros meses de 2012 cuando en mi despacho estaba, para la elaboración de la ponencia y posterior decisión en sala plena, un proceso de pérdida de investidura de un concejal de Cota (Cund.) quien para el momento de demanda ya era alcalde de ese municipio.
¿Quién es él y por qué había sido demandada su investidura?
Se llama Juan David Balcero Balcero y su investidura había sido demandada porque alguien que aparecía en documentos como socio suyo, aunque esa sociedad no había desarrollado ninguna actividad, había sido elegido personero del municipio. Mi ponencia salvaba la investidura del concejal porque se había hecho un concurso de méritos y, entre los dos aspirantes que se presentaron, el elegido fue quien obtuvo el mayor puntaje. Según mi ponencia, el concejal había actuado bajo la convicción de que no
operaba la causal de inhabilidad porque se había adelantado el concurso de méritos.
¿Su ponencia fue aprobada en la sala plena?
No. El día de la sala plena, esta no aprobó mi ponencia y en cambio votó la pérdida de investidura del demandado. Pero, para el desarrollo de lo ocurrido, hay que tener en cuenta que yo había registrado en la red interna mi ponencia. Eso fue una semana antes. Es decir, que el
sentido de la misma ya era conocido por todos los magistrados pero también por cualquiera de los empleados del tribunal que tuviera acceso a la red.
Hasta ahí, el trámite parece normal ¿Por qué terminó hablando de supuestos actos de corrupción del presidente del tribunal y del secretario general del tribunal con relación al caso del concejal?
Porque accidentalmente, mi esposo, que también es abogado, se
enteró a través de un colega suyo que al concejal le habían asegurado que la ponencia iba a ser en su contra pero que podía salvarse si daba una plata.
O sea ¿lo querían engañar haciéndole creer que si se salvaba su investidura era gracias al dinero que diera?
Eso es parte de lo que se debería haber investigado pero, como le digo, el caso no ha avanzado nada a pesar de que mi esposo presentó una denuncia
formal ante la Fiscalía por esos hechos.
¿Cuánta plata le habrían pedido al concejal?
Le habrían exigido $400 millones de los cuales el alcalde alcanzó a entregar $200 millones; $150, presuntamente al secretario del tribunal, y $50 que el hijo del alcalde le habría llevado al presidente de la corporación a su apartamento. También se dijo que del dinero que le habrían entregado al secretario, $50 millones
eran para mí. Por eso mi esposo se indignó y confrontó al presidente del tribunal en el despacho de este. Una grabación con la voz del alcalde confirma estas versiones (ver parte superior de la pág.).
¿Qué ocurrió en la conversación entre su esposo y el presidente del tribunal de Cundinamarca, hoy magistrado titular del mismo órgano?
No puedo entrar en detalles precisamente porque el proceso en mi contra
por calumnia está desarrollándose. Pero le quiero resaltar que esa conversación y una posterior que yo tuve con el secretario del tribunal, tuvieron lugar en nuestras oficinas y que si llegaron a oídos públicos después, fue por decisión de ellos mismos.
¿Es cierto que usted le preguntó, de frente, al secretario general del tribunal si había recibido dinero?
Le dije lo que se estaba afirmando: que habría
recibido dinero por el caso del concejal. Y le pregunté para quién era esa plata puesto que él no puede votar. Como se sabe, solo votamos los magistrados.
¿Qué le contestó?
Que probara que lo que yo le estaba preguntándole era cierto. Lo mismo le contestó el presidente del tribunal a mi esposo. Al lunes siguiente, el presidente citó a sala extraordinaria y delante de todos, relató lo que habían hablado
él y mi esposo, y el secretario general y yo. Después me dijo que si tenía algo que añadir y yo ratifiqué que esa información nos había llegado. Luego, el presidente envió el acta de lo dicho en esa sala a la Fiscalía para que se investigara lo que correspondiera. Pero, en lugar de empezar por el principio, es decir, averiguando si era verdad que miembros del tribunal habían pedido dinero por un proceso, iniciaron investigación por injuria y calumnia en mi contra, dando por sentado que todo era falso sin ningún sustento.
¿Qué ha sucedido con el proceso en su
contra?
Ha avanzado muy rápido. La Fiscalía está a punto de acusarme y va a comenzar el juicio. Y esta no es la única investigación que enfrento. También me denunciaron disciplinariamente ante el Consejo Superior de la Judicatura en donde ya hubo ponencia en mi contra reprochándome una falta gravísima con dolo, por no tener pruebas contra esos dos funcionarios, lo que daría para destitución
¿Henry
Villarraga? ¿Eso ocurrió antes de que él tuviera que retirarse por una conversación en que parecía arreglar un proceso con un investigado, motivo por el cual tuvo que retirarse de la magistratura?
Sí, fue antes.
¿Ningún trámite se hizo por la denuncia de su esposo? Me parece increíble.
Reitero que no se ha tramitado nada pese a que han pasado más de dos años de esos hechos. Lo que hizo el fiscal asignado al caso fue anexar la denuncia de mi esposo a la de quienes me denunciaron, como si fueran un solo proceso. Con esa decisión, lograron que se congelaran las investigaciones por pedir dinero a cambio del sentido de un fallo. Solo hasta hace un mes, y después de más de 15 derechos de petición a la Fiscalía, el Fiscal General me contestó que asignó un investigador para examinar la conducta del entonces presidente del tribunal.
¿Qué pasó con el caso del secretario general, quien no tiene fuero de magistrado?
El Fiscal 9° delegado ante los jueces del Circuito archivó la investigación “por inexistencia del delito”. Me envió una comunicación para notificarme el contenido de la providencia y cuando mi abogado, Ricardo Gaviria, le pidió que le entregaran copia de la decisión, se la negó porque dizque yo no era parte. Mi abogado tuvo que interponer una acción de tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá para que me reconociera como parte interesada puesto que estaban involucrados mi nombre y mi carrera. Mi interés también es poder aportar nuevas pruebas y pedir, con base en ellas, que se reabra la investigación. Imagínese: ¡una demanda en que yo era la
ponente, un dinero exigido por controlar el sentido de la ponencia, un proceso por injuria y calumnia en mi contra, y todavía el fiscal aseguraba que yo no era víctima! Si no es por el Tribunal de Bogotá…
¿Cuál fue el sentido del fallo de tutela?
A mi favor. El Tribunal de Bogotá le ordenó al Fiscal 9° que me entregara la providencia para que yo pudiera aportar pruebas pero lo más importante de la
decisión es que me reconoce como víctima en la parte motiva de la tutela.
A todas estas ¿cómo se enteró el colega de su esposo que se había pedido dinero para supuestamente variar el sentido de su ponencia?
Porque se lo contó el propio concejal pero no puedo ahondar en la respuesta porque tendré que rendir testimonio en la Corte. Solamente le diré que ante la indefensión en que me encontraba, mi esposo
tuvo que convertirse en investigador y recaudar directamente las pruebas de que lo dicho por nosotros sí sucedió.
Seguramente a usted le ha ido mal hasta ahora, justamente porque no ha mostrado esas pruebas.
No lo iba a hacer ante los interesados en saber qué tenemos. Y no lo voy a hacer sino ante mi juez natural que es la Corte Suprema.
Hay apartes de una grabación del concejal afectado por la presunta extorsión a que fue sometido (ver parte superior de la pág.) ¿Esa es una de las pruebas?
Haga sus deducciones. No puedo ser más explícita por los procesos que están en curso.
En vista de lo que le ha ocurrido ¿cree que es mejor guardar silencio en vez de denunciar actos de corrupción?
Mi familia y yo hemos sufrido mucho estos dos años y medio. A veces sí he pensado que es mejor quedarse callado pero también he pensado que si nosotros, los que representamos a la justicia, no denunciamos ¿qué podemos esperar del resto de la sociedad? De otra parte, a los funcionarios públicos la ley nos impone adelantar las investigaciones en las que seamos competentes o denunciar aquellas de que tengamos información. También he pensado en que el sistema penal acusatorio tiene graves fallas. Una de ellas es que la tarea de la
Fiscalía no puede ser solo la de acusar. Ante todo, debe preocuparse por averiguar la verdad y cuando, en el curso de sus investigaciones, se dé cuenta de que la persona que está siendo acusada es inocente, debería convertirse en defensor de la misma. No puede, simplemente, pensar que su tarea es acusar y acusar con independencia de la realidad.
En mi caso, he sentido que el fiscal no ha querido descubrir la verdad. Se ha limitado a darle credibilidad a mis declaraciones previas sin tener en cuenta que debía ser discreta en principio y que, existen unos testigos y muchas maneras de encontrar otras pruebas, por ejemplo, revisando cuentas bancarias, movimientos de dinero etc.
Entonces ¿en qué se basó la Fiscalía para archivar la denuncia de su esposo contra los dos altos funcionarios del Tribunal de Cundinamarca?
Se basó en que el Consejo de la Judicatura me levantó pliego de cargos y en un acta en que no se incluyeron mis objeciones. Simplemente, las dejaron por fuera. Hemos llegado al punto de que un denunciado tiene que demostrar que es inocente cuando es el Estado el que tiene la obligación de encontrar las pruebas de que uno es culpable.
El magistrado enfrentado con usted continúa en el tribunal aunque ya no es el presidente. ¿El secretario también sigue allí?
Sí. No se me olvida que el día de la sala extraordinaria le permitieron ser el secretario y estar presente todo el tiempo a pesar de ser uno de los implicados
A partir del momento en que usted enfrentó la situación de supuesta corrupción en su lugar de trabajo ¿ha estado aislada del resto de sus compañeros magistrados?
No sentí apoyo de nadie. Todo el mundo me dijo que yo primero ‘fusilaba’ y después buscaba pruebas. Sí, he estado aislada y por eso acudí al Consejo de Estado para informarle la situación que estaba viviendo. A partir de ese momento, la actitud de mis colegas ha cambiado. Además, he sido una magistrada muy activa en la parte jurídica y no he bajado la guardia de mi trabajo por eso.
¿Cómo puede trabajar en ese ambiente que supongo que debe ser hostil?
Bueno, en todo caso la gente me respeta porque soy una persona responsable con los temas que se discuten en sala. Desde luego, hay resquemor contra mí y se siente.
¿Impunidad?
La historia en que se vio envuelta la magistrada Nelly Villamizar tuvo su inicio en los primeros meses de 2012, cuando su esposo, el abogado Justo Iván Peñaranda, fue enterado por un colega suyo, Néstor Franco, de que el alcalde de Cota (Cund.) de la época aseguraba que había tenido que dar $200 millones para que
un proceso que enfrentaba saliera a su favor en el Tribunal de Cundinamarca, corporación donde ella trabaja. Lo que vino después es una novela. La parte trágica le ha correspondido a la denunciante, cuyo nombre fue usado para exigirle dinero al alcalde. A ella en el tribunal la aislaron por denunciar; sus denunciados se convirtieron en sus acusadores. Los procesos por sus quejas nunca se adelantaron y, en cambio, los que se interpusieron contra ella avanzan a pasos agigantados. Hoy enfrenta la posibilidad de ser destituida y condenada por injuria y calumnia. Quienes habrían exigido las coimas continúan tranquilos. Y sólo gracias a la orden del Tribunal Superior de Bogotá, fue reconocida como parte del proceso para aportar pruebas de que lo que dijo es verdad. Para asombro de quienes conocen este asunto, el fiscal que lleva el caso parece ser más un aliado de los denunciados que un operador leal de la justicia.
“A usted lo están tumbando esos hijueputas”
Apartes de una grabación de audio en que se escucha la voz del entonces alcalde de Cota (Cund.), Juan David Balcero, cuando dice, refiriéndose al momento en que le
exigieron plata para, supuestamente, dársela a miembros del Tribunal de Cundinamarca a cambio de que un proceso en su contra saliera a su favor, se encuentran en la tutela que ganó la magistrada Villamizar: “Me llamó un tipo que se llama Efraín Forero, un abogado. Es una porquería. Me dijo… lo van a joder en el tribunal… Nosotros tenemos cómo arreglar este tema ya… Usted necesita una plata para esa vaina… que ellos tenían todo organizado con el presidente del tribunal (del año 2012). Incluso nos dijeron: ‘necesitamos ya 50 millones pa dárselos al presidente… Quien llevó los 50 millones fue mi hijo… y fueron por allá a un conjunto, que dizque ahí vivía el magistrado… Y después el famoso secretario (general del tribunal) me llegó un día… que no, que ya todo estaba cuadrado y que tocaba cuadrar a otra gente, que necesitaban plata porque ya iba a salir el fallo y que necesitaban darle 50 millones a la magistrada… que a
ella se los da el presidente del tribunal o el secretario… Nos alcanzaron a quitar la plata… cuando fui y hablé con el doctor Néstor, él me dijo no, eso es falso. A usted lo están tumbando esos hijueputas”.
“Habrían exigido $400 millones de los cuales el alcalde alcanzó a entregar $200 millones (por salvar una investidura)”
“En mi caso, he sentido que el fiscal (9°) no ha querido descubrir la verdad”
No hay comentarios:
Publicar un comentario