En un término de un mes, el Congreso tramitó el proyecto de ley de seguridad ciudadana, el cual hoy tuvo su debate final este martes en la plenaria del Senado y quedó listo para ser conciliado, si se necesita.
Según el Gobierno, el propósito general de esta iniciativa es ocuparse del tema de los reincidentes, endurecer castigos para delitos que afectan a los ciudadanos y adoptar otras disposiciones que apuntan a reforzar la seguridad en el país.
Para ello hay modificaciones al Código Penal, al de Procedimiento Penal, al de Convivencia y a las normas para la extinción de dominio, especialmente.
En el último mes, la iniciativa cumplió su paso por las comisiones primeras conjuntas y por la plenaria de la Cámara. Este martes se debatirá y votará en el pleno del Senado y, de ser necesario, será conciliada, para luego pasar a sanción presidencial. Mientras el Ejecutivo defiende la importancia de los cambios, sectores de la Oposición los han calificado como una amenaza para el derecho a la protesta. Estos son algunos de los elementos claves del proyecto. Para evitar que las autoridades capturen a los delincuentes y los jueces, posteriormente, no tengan herramientas para retenerlos en prisión, el proyecto prevé la figura del “peligro para la comunidad”.
Esta consiste en que el juez deberá tener en cuenta, antes de dejarlo en libertad, “si la persona fue o ha sido imputada por delitos violentos, ha suscrito preacuerdo, aceptado cargos u otorgado principio de oportunidad en los últimos tres años”.
La propuesta deberá, en caso de ser finalmente aprobada por el Congreso, superar el escollo de la Corte Constitucional, donde hace dos años se hundió una iniciativa similar aprobada a instancias de la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez. En ese momento la Corte consideró, no sin polémicas, que los antecedentes solo podían considerarse como tales si mediaba una condena judicial con todas las de la ley para evitar que las autoridades capturen a los delincuentes y los jueces, posteriormente, no tengan herramientas para retenerlos en prisión, el proyecto prevé la figura del “peligro para la comunidad”. Esta consiste en que el juez deberá tener en cuenta, antes de dejarlo en libertad, “si la persona fue o ha sido imputada por delitos violentos, ha suscrito preacuerdo, aceptado cargos u otorgado principio de oportunidad en los últimos tres años”.
Aumento de penas en delitos callejeros. En varios artículos de la iniciativa se crean sanciones y se aumentan castigos para quienes hayan cometido delitos como hurto o instigación a delinquir, y se endurecen las penas cuando, por ejemplo, “se empleen máscaras o elementos similares” o cuando las faltas sean cometidas con armas blancas.
El castigo por el uso de máscaras o capuchas ha sido considerado por dirigentes como el senador Iván Cepeda como una medida de corte fascista que "criminaliza la protesta social". Cepeda ya anunció que demandará la norma ante la Corte Constitucional y afirma también que la creación de la figura de la "legítima defensa privilegiada”, que exoneraría de responsabilidad penal al ciudadano que ejerza violencia en defensa propia o de un tercero en alto riesgo, representa supuestamente una puerta para la justicia por propia mano e incluso para el resurgir del paramilitarismo.
Otro cambio que ha generado debate es el aumento de penas, a través de figura del agravante punitivo, cuando las víctimas de agresiones o ataques son miembros de la Fuerza Pública. La oposición ha cuestionado que tenga mayor castigo el asesinato de un policía, por ejemplo, que el de un defensor de derechos humanos o un líder social. Tomado de El Tiempo. Hay más.- Según el Gobierno, el propósito general de esta iniciativa es ocuparse del tema de los reincidentes, endurecer castigos para delitos que afectan a los ciudadanos y adoptar otras disposiciones que apuntan a reforzar la seguridad en el país.
No hay comentarios:
Publicar un comentario